El diario español El Mundo recogió el malestar creciente entre los venezolanos en España, que denuncian que el gobierno de Pedro Sánchez les ha dado un “portazo” después de años en los que Venezuela fue el principal país de origen de las solicitudes de asilo y protección internacional. Colectivos de migrantes y abogados especializados advierten que, mientras las cifras de peticiones han batido récords, las resoluciones favorables se han desplomado y cada vez más expedientes terminan en archivo o denegación, dejando a miles de personas en una especie de limbo administrativo.
Según datos recientes, en 2025 se formalizaron 144.396 solicitudes de protección internacional en España y Venezuela encabezó la lista con 85.413 peticiones, el 59,2% del total, pero eso no se ha traducido en un reconocimiento proporcional del estatus de refugiado o de otras formas de protección. Las asociaciones denuncian que el Ejecutivo ha pasado de un enfoque relativamente garantista a una política mucho más restrictiva y burocrática, marcada por retrasos, exigencias adicionales y decisiones que, en la práctica, obligan a muchos venezolanos a sobrevivir como irregulares pese a huir de una crisis política y humanitaria ampliamente documentada.
En declaraciones recogidas por la prensa española y por medios como La Patilla, representantes de la diáspora acusan a Sánchez de aprovechar políticamente la presencia de migrantes cuando le conviene —por ejemplo, como argumento para criticar al chavismo— y de olvidarlos a la hora de garantizarles vías reales de protección y regularización. Mientras tanto, la tensión se siente también en la calle: en redes circulan videos de concentraciones en Madrid donde grupos de venezolanos increpan al presidente del gobierno y reclaman que “el futuro de Venezuela lo deciden los venezolanos, pero España no puede hacer como que nuestra tragedia no existe”