Estados Unidos levantó las sanciones económicas que mantenía desde 2018 contra la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que Washington presenta como un nuevo paso en la normalización de relaciones tras la captura de Nicolás Maduro a comienzos de año. El Departamento del Tesoro informó que el nombre de Rodríguez fue eliminado de la lista de “Nacionales Especialmente Designados” (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), donde figuran personas y entidades sometidas a bloqueo de bienes y restricciones financieras.
La actualización, publicada este miércoles en el sitio web de la OFAC, precisa que se eliminaron las dos entradas asociadas a la mandataria: su identidad completa, “RODRÍGUEZ GÓMEZ, Delcy Eloína”, y su variante “RODRÍGUEZ, Delcy”, ambas vinculadas a su fecha de nacimiento (18 de mayo de 1969) y a su cédula venezolana. La medida implica que se descongelan sus activos en territorio estadounidense y que los ciudadanos y empresas de EE. UU. dejan de tener prohibido realizar transacciones financieras con ella, salvo que existan otras restricciones específicas.
Delcy Rodríguez había sido incorporada a la lista de sancionados el 25 de septiembre de 2018, cuando ejercía como vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro. En aquel momento, Washington la acusó de formar parte del núcleo duro del chavismo responsable de “la destrucción de la democracia en Venezuela” y, con el tiempo, su nombre fue mencionado también en informes de la DEA que la señalaban como “objetivo prioritario” en investigaciones por presunto narcotráfico y contrabando de oro, aunque nunca se presentaron cargos formales en su contra en cortes estadounidenses.
El giro se produce casi tres meses después de la operación militar del 3 de enero de 2026, en la que fuerzas de Estados Unidos capturaron a Maduro y a su esposa Cilia Flores en Caracas, hechos tras los cuales Rodríguez fue juramentada como presidenta interina. Desde entonces, tanto la administración de Donald Trump como voceros del Departamento de Estado han destacado su rol como interlocutora “pragmática” para conducir la transición, y el levantamiento de sanciones consolida su reconocimiento como autoridad legítima a los ojos de Washington.
En un comunicado divulgado tras conocerse la decisión, Rodríguez celebró la medida como un “paso importante” hacia el desmontaje paulatino del régimen de sanciones contra Venezuela y expresó su aspiración de que este gesto abra la puerta a “la eliminación de otras medidas que afectan directamente al pueblo venezolano”. “Confiamos en que este progreso facilitará la eliminación de las sanciones actuales sobre nuestro país y nos permita construir una agenda de cooperación efectiva en beneficio de nuestros pueblos”, afirmó, en declaraciones reseñadas por medios internacionales.
Analistas citados por la prensa estadounidense señalan que la decisión de borrar el nombre de Rodríguez de la lista SDN es el movimiento más formal y simbólicamente potente que ha dado Estados Unidos en el proceso de acercamiento a la nueva administración venezolana. La delistación no solo mejora la reputación financiera internacional de la mandataria, sino que también envía una señal a bancos, empresas energéticas y otros actores económicos de que Washington está dispuesto a flexibilizar el cerco si considera que desde Caracas se dan pasos verificables en materia de transición política, cooperación judicial y respeto a acuerdos internacionales.
Para sectores críticos del chavismo y de la propia Rodríguez, sin embargo, el levantamiento de sanciones reabre el debate sobre la responsabilidad individual de antiguos altos cargos del régimen y sobre hasta qué punto la realpolitik terminará dejando en segundo plano las denuncias acumuladas por violaciones a derechos humanos y corrupción durante los años en que la ahora presidenta interina formó parte del círculo de poder de Maduro. La incógnita, coinciden varios observadores, es si este gesto será aislado o el inicio de una ola más amplia de alivio de sanciones que alcance a otros funcionarios, en paralelo a avances concretos en materia de elecciones, liberación de presos políticos y recuperación institucional.