La socióloga y defensora de derechos humanos Ligia Bolívar fue distinguida con el Premio Rudolf Benario de Derechos Humanos 2026, otorgado por la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU), en Alemania, en reconocimiento a su trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel global. El galardón resalta especialmente su trabajo a favor de migrantes y refugiados venezolanos, así como su labor de documentación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en un contexto marcado por la persecución política y la crisis institucional.
Bolívar, que actualmente vive en el exilio en Colombia, es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y fue directora de esa misma instancia académica, además de desempeñarse como representante regional de Amnistía Internacional para América Latina, el Caribe, España y Portugal. También es fundadora del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), una de las ONG de referencia en la región, y ha asesorado al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales en materia de justicia y garantías fundamentales.
El jurado del Premio Rudolf Benario valoró no solo la dimensión académica y de incidencia de su trabajo, sino también los riesgos, amenazas y condiciones precarias que ha debido enfrentar por su activismo, y subrayó la importancia de visibilizar la situación de derechos humanos en Venezuela como un tema de urgencia global. El reconocimiento lleva el nombre de Rudolf Benario, estudiante de doctorado de esa universidad alemana que se opuso a la complicidad con el régimen nazi y fue asesinado en el campo de concentración de Dachau en 1933, por lo que el premio se concede a personas que encarnan ese legado de resistencia y compromiso ético.
Organizaciones como PROVEA y defensores venezolanos celebraron la noticia en redes sociales, señalando que el premio honra el compromiso consecuente de Bolívar con las víctimas, dentro y fuera del país. En los últimos años, la activista ha sido una voz crítica tanto frente al gobierno de Nicolás Maduro como ante políticas de otras administraciones que, a su juicio, vulneran derechos, y ha insistido en la necesidad de mantener el escrutinio internacional sobre la situación venezolana.