El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) dirigió una carta abierta al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del Pueblo, Eglée González, en la que les exige repudiar públicamente las agresiones sufridas por diez trabajadores de la prensa el pasado 9 de abril de 2026, durante la cobertura de actividades oficiales en Caracas. La organización recordó que ambos fueron juramentados ese mismo día y que, desde el inicio de sus funciones, tienen la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, así como de proteger a periodistas y medios frente a ataques, hostigamientos y restricciones arbitrarias.
En el documento, IPYS Venezuela pidió a Devoe y a González condenar de forma clara e inequívoca las agresiones contra reporteros, camarógrafos y fotógrafos, así como abrir investigaciones exhaustivas para determinar responsabilidades de los funcionarios de seguridad implicados. La organización instó a las nuevas autoridades a enviar un mensaje contundente contra la criminalización del trabajo periodístico y a comprometerse a que no habrá impunidad en los casos de violencia y censura, en línea con los estándares constitucionales y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.
IPYS recordó que las agresiones del 9 de abril se produjeron en un contexto de restricciones reiteradas al ejercicio del periodismo, que incluyen impedimentos de acceso a fuentes oficiales, confiscación de equipos, amenazas y campañas de descrédito contra comunicadores y medios independientes. La ONG advirtió que estos hechos vulneran el artículo 57 y 58 de la Constitución, que protegen la libertad de expresión y el derecho a recibir información oportuna y veraz, y pidió que la Fiscalía y la Defensoría elaboren protocolos de actuación que obliguen a los cuerpos de seguridad a respetar el trabajo de la prensa en coberturas de calle.
La organización subrayó que el rol del fiscal general y de la defensora del Pueblo es clave para revertir la cultura de hostigamiento y censura que se ha instalado en el país, y les recordó que sus cargos no deben funcionar como “brazos políticos” del poder, sino como instancias al servicio de la ciudadanía. En esa línea, IPYS les instó a colaborar activamente con organismos internacionales que monitorean la situación venezolana, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, para avanzar en garantías efectivas para periodistas y medios.