Sindicatos de Puerto Cabello, en el litoral de Carabobo, dejaron claro que no se tragan el discurso del “aumento responsable” anunciado por Delcy Rodríguez y le exigieron un salario real, anclado a la Constitución y con incidencia en todas las prestaciones laborales. En una reunión realizada en la sede de Alianza Bravo Pueblo (ABP) en la ciudad portuaria, representantes de los sectores educación, salud, construcción y de la administración pública advirtieron que no aceptarán más parches basados en bonos discrecionales que se evaporan con la inflación.
El dirigente Carlos Portillo, presidente del Sindicato Obrero Municipal de la Alcaldía de Puerto Cabello, rechazó que se siga pretendiendo “engañar” a la clase trabajadora con bonificaciones que no se suman al salario básico y, por tanto, no cuentan para el cálculo de vacaciones, aguinaldos ni liquidaciones. “Este es un llamado directo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya que el salario de hoy no abastece las necesidades de nuestros hogares ni de nuestros trabajos”, subrayó el sindicalista, al advertir que los ingresos actuales no cubren ni siquiera la canasta alimentaria mínima.
Otro de los voceros, Julio Ortega, recordó que el artículo 89 de la Constitución establece que los derechos laborales son progresivos e irreversibles, por lo que considera inaceptable que, tras años de recortes y congelación salarial, el Gobierno pretenda presentar como avance un esquema sustentado en bonos pagados a discreción. Ortega también condenó la represión de los cuerpos de seguridad durante la marcha del 9 de abril hacia Miraflores, cuando trabajadores que exigían mejoras salariales fueron golpeados, maltratados y humillados en lugar de recibir respuestas a sus reclamos.
Entre las exigencias planteadas por los sindicatos del eje costero destaca la derogación del memorándum 2792 y del instructivo de la Onapre, instrumentos que, según los gremios, pulverizaron las convenciones colectivas, redujeron primas y desconocieron derechos adquiridos tras décadas de lucha. Los dirigentes también reclamaron el restablecimiento pleno de las prestaciones sociales, un plan creíble de control de la inflación y la eliminación del dólar paralelo como referencia distorsionante que licúa cualquier incremento anunciado desde Caracas.
“Ya basta de que seamos las víctimas del daño que le han hecho a nuestro país. Mi llamado es a la consciencia, a que se pongan en los zapatos de cada sostén de familia que debe mantener a sus hijos y, en ocasiones, también a sus padres”, expresó otro representante laboral, al describir la situación de trabajadores que sobreviven con ingresos muy por debajo de la canasta básica. Recordó que en sectores como la construcción muchos empleados “prácticamente trabajan en shorts y chancletas”, sin botas, casco ni equipos de seguridad, lo que suma riesgo laboral a la precariedad salarial.
Los voceros coincidieron en que el salario mínimo fijado por el Ejecutivo y los ingresos complementarios anunciados por Rodríguez no responden ni de lejos al mandato del artículo 91 de la Constitución, que obliga a establecer una remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. En contraste, organizaciones independientes han advertido que el ingreso oficial promedio en Venezuela no llega a cubrir una fracción de la canasta alimentaria, lo que configura un esquema de salarios de hambre que empuja a miles de personas a la economía informal o a la migración.
Pese a la presión, los líderes sindicales de Puerto Cabello aseguraron que seguirán apostando por la protesta pacífica y la organización desde las bases. “Vamos a seguir en la calle porque esta es la lucha de todos los trabajadores que quieren sus beneficios de vuelta. Así que vamos adelante hasta lograr nuestro objetivo”, afirmó Rafael Flores, secretario institucional del Sindicato Único de Trabajadores y Técnicos de la Salud del estado Carabobo, al ratificar que la consigna es clara: salario real, no bonos.