La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela (Acienpol) emitió un duro pronunciamiento en el que advierte que en el país existe una situación de vacancia en el ejercicio de la Presidencia de la República y exige que se aplique la Constitución para resolverla. El texto subraya que la Presidencia está ocupada de forma ilegítima por Delcy Eloína Rodríguez, al haber transcurrido más de 90 días desde la falta del presidente sin que se hayan seguido los pasos previstos en los artículos 233 y 234 de la Carta Magna.
La Academia recuerda que, en Venezuela, el presidente de la República debe ser electo mediante sufragio universal, directo y secreto, y que la figura del vicepresidente ejecutivo —cargo de designación, no de elección popular— solo puede ejercer la jefatura del Estado de manera transitoria y provisional, por lapsos estrictamente fijados en la Constitución. Enfatiza que, por no ser electa, Delcy Rodríguez carece de legitimidad democrática de origen para prolongar indefinidamente el ejercicio del cargo, y que su permanencia en Miraflores viola el principio republicano y el Estado de derecho.
Según el pronunciamiento, al cumplirse más de 90 días de la llamada “falta temporal” del presidente sin que la Asamblea Nacional decidiera una prórroga, operó de pleno derecho el supuesto de falta absoluta dentro de los primeros cuatro años del período presidencial. En consecuencia, y conforme al artículo 233, la única salida constitucional es convocar “una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”, plazo que —advierte la Academia— debe ser considerado ineludible.
El comunicado precisa que el principio de continuidad administrativa solo sirve para garantizar el funcionamiento de la administración pública en cargos de designación y no puede usarse para “llenar” cargos de elección popular, como el de presidente, que además de ser jefe de Gobierno es jefe de Estado y responsable de los actos de alto gobierno. Cualquier intento de justificar la permanencia de una autoridad no electa en la Presidencia bajo ese principio sería, a juicio de la Academia, abiertamente inconstitucional.
La Acienpol sostiene que toda ejecutoria o interpretación que desconozca el derecho de los venezolanos a elegir a su presidente viola el principio democrático, por lo que se debe garantizar a todos los electores —dentro y fuera del país— el ejercicio del sufragio libre, universal, directo y secreto, tal como lo establece el artículo 63. En este sentido, insiste en que la solución a la crisis pasa por una elección presidencial con garantías plenas y reglas claras, no por atajos institucionales.
Para hacer viable ese proceso, la Academia exhorta a la Asamblea Nacional a constituir un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) integrado por distintos sectores de la sociedad y por personas no vinculadas a partidos políticos, como ordena el artículo 296 de la Constitución. El Poder Electoral, añade, debe actuar de forma autónoma e independiente, asegurando igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia en la organización de los comicios presidenciales.
El documento también reclama la regularización de la situación de los partidos políticos, el restablecimiento de sus tarjetas y la habilitación de todos los ciudadanos cuyas derechos políticos han sido cercenados mediante inhabilitaciones administrativas inconstitucionales. Solo así, afirma la Academia, podrá hablarse de un verdadero restablecimiento del orden constitucional, basado en la legalidad, la separación de poderes y el respeto de los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de la población.
Finalmente, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales reitera su disposición a servir al país y a sus instituciones, aportando desde su ámbito académico y consultivo propuestas y reflexiones que contribuyan a la reafirmación institucional y a la búsqueda de soluciones constitucionales a la crisis de la Presidencia. El pronunciamiento fue suscrito en Caracas, en el Palacio de las Academias, el 14 de abril de 2026, por su presidente Rafael Badell Madrid y el secretario Salvador Yannuzzi Rodríguez.