Gremios, sindicatos, trabajadores públicos, jubilados y pensionados se concentraron este miércoles 15 de abril frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, bajo la consigna “salario digno ya”, para exigir una respuesta a sus reclamos salariales y a un recurso introducido ante la Sala Constitucional. La protesta ocurre en un contexto de más de cuatro años sin aumento del salario mínimo, en abierta contradicción con lo que ordena la Constitución venezolana.
Los manifestantes reclamaron que el TSJ responda a la demanda por omisión constitucional presentada el 2 de febrero, que denuncia la violación del artículo 91, el cual establece el derecho a un salario suficiente que permita cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia. Denuncian que, pese a que el lapso legal para pronunciarse era de cinco días, han transcurrido más de dos meses sin que la Sala Constitucional emita decisión, lo que consideran una falta grave a las obligaciones del máximo tribunal.
Entre los asistentes estuvieron decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, incluyendo representantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que han impulsado acciones legales en defensa de los derechos laborales. El dirigente sindical Dick Guanique, de la Asamblea Nacional de Conflicto de Trabajadores, advirtió que el silencio del TSJ frente al amparo introducido por salarios dignos consolida la omisión constitucional y agrava la crisis de ingresos de empleados, jubilados y pensionados.
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, Juan Carlos Apitz, cuestionó que, después de más de cuatro años sin ajuste del salario mínimo, el tribunal siga sin dar respuesta a una petición que solo exige el cumplimiento estricto de la Constitución. “No es posible que luego de más de cuatro años de espera para que decreten un aumento salarial, el TSJ no dé respuesta a nuestras justas reclamaciones salariales”, afirmó, recordando que el salario actual no cubre ni de lejos el costo de la canasta básica.
Los gremios recordaron que el salario mínimo permanece congelado desde marzo de 2022, cuando se fijó en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a unos 30 dólares, pero que hoy representan apenas centavos de dólar al tipo de cambio oficial, tras la continua devaluación. En paralelo, el gobierno ha incrementado el peso de los bonos no salariales pagados mediante el sistema Patria, que no inciden en prestaciones sociales ni en otros beneficios laborales, en línea con recientes sentencias del propio TSJ que han negado carácter salarial a muchas bonificaciones en divisas.
El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), José Gregorio Afonso, anunció que los trabajadores mantendrán la organización y la protesta pacífica, evaluando nuevas acciones para exigir mejoras salariales y sociales. Esta movilización ante el TSJ se suma a la ola de protestas del primer trimestre de 2026 por parte de empleados públicos, sector universitario, salud y otros gremios que reclaman la restitución de beneficios contractuales y un ingreso que les permita salir del esquema de “salarios de hambre” impuesto en los últimos años.
Los convocantes dejaron claro que seguirán en las calles hasta obtener una respuesta concreta del TSJ: que el máximo tribunal obligue al Ejecutivo a ajustar el salario mínimo conforme al artículo 91, y reconozca como salario todos los conceptos que hoy se pagan como bonos para evadir su impacto en vacaciones, utilidades y prestaciones sociales. Mientras eso no ocurra, advirtieron, el grito de “salario digno ya” seguirá resonando frente a los tribunales y en toda la administración pública.
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