Día internacional y caso venezolano
Cada 17 de abril se conmemora el Día Internacional del Preso Político, fecha acordada en 2004 por organizaciones de Palestina, País Vasco y Argentina para visibilizar la prisión por motivos políticos en el mundo. En Venezuela, esa jornada llega en medio de una narrativa oficial de “nuevo momento político” y ley de amnistía, pero con centenares de opositores y militares aún tras las rejas, muchos de ellos denunciando torturas, falta de comida y ausencia de medicinas.
Amnistía, excarcelaciones y lo que falta
La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por una Asamblea Nacional controlada por el chavismo, fue presentada como una medida “histórica” para liberar a quienes fueron perseguidos desde 1999 por motivos políticos. Según el propio texto, la norma cobija a presos políticos condenados en episodios de conflictividad entre 1999 y 2026, pero excluye a quienes estén acusados de “acciones armadas o de fuerza”, lo que deja fuera a buena parte de los procesados por rebelión, instigación, terrorismo o traición a la patria.
La ONG Foro Penal calculaba, al momento del debate de la amnistía, que seguían encarceladas unas 644 personas por causas políticas, pese a más de 400 excarcelaciones desde que Delcy Rodríguez asumió la jefatura del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Actualizaciones posteriores muestran un descenso, pero lejos de la “tierra despejada” que vende el discurso oficial.
Al 2 de marzo, Foro Penal registraba 526 presos políticos, de los cuales 11 permanecían en paradero desconocido. Al 6 de abril de 2026, el balance más reciente habla todavía de 485 presos políticos:
- 440 hombres y 45 mujeres.
- 298 civiles y 187 militares.
- 165 condenados y 320 sin sentencia.
- 44 con nacionalidad extranjera.
Es decir, hubo excarcelaciones, pero no hay borrón y cuenta nueva: el país sigue teniendo casi 500 presos políticos formales y miles de personas sometidas a medidas restrictivas de libertad (régimen de presentación, prohibición de salida del país, etc.) por haber participado en protestas o actividades opositoras.
Celdas, torturas y abandono
Detrás de las cifras hay realidades muy concretas de tortura, hacinamiento y abandono médico. Testimonios recientes de ex presos y familiares describen patrones que se repiten:
- Aislamientos prolongados en centros como El Helicoide y sedes de la Dgcim, sin contacto con la familia ni con abogados durante semanas.
- Golpizas, colgamientos, asfixias simuladas, descargas eléctricas y amenazas a familiares durante los primeros días de detención, usados para obtener confesiones forzadas en video.
- Celdas sin ventilación, con letrinas abiertas, casi sin acceso a agua potable, y comida insuficiente, a menudo suministrada en pésimas condiciones de higiene.
- Negativa sistemática a permitir medicación regular a personas con enfermedades crónicas, y traslados médicos controlados por la propia policía política.
Los familiares de presos políticos recluidos en El Rodeo I denunciaron este mes torturas y tratos crueles, luego de una represión interna con bombas lacrimógenas, golpes y gas pimienta que habría dejado heridos y al menos un fallecido, aún no esclarecido. Aunque el Ministerio Público difundió un parte hablando de “uso progresivo de la fuerza”, las familias exigen investigaciones reales, acceso a videos y fe de vida de todos los detenidos.
Entre el gesto político y la deuda de justicia
En este contexto, el Día Internacional del Preso Político encuentra a Venezuela en una situación ambivalente:
- Por un lado, una ley de amnistía que ha permitido centenares de excarcelaciones y ha sido vendida como símbolo de apertura.
- Por el otro, casi 500 presos políticos todavía encarcelados, decenas de desaparecidos de facto, y un sistema penitenciario donde la tortura y la falta de alimentos y medicinas siguen siendo denunciadas como prácticas habituales contra la disidencia.
Organizaciones como Foro Penal y redes de familiares insisten en que la verdadera medida de cambio no está en los anuncios, sino en que no quede ni un solo preso por pensar distinto, se investiguen y sancionen las torturas y se desmonten los centros de reclusión emblemáticos de la represión, como El Helicoide y ciertas sedes de la Dgcim. Mientras eso no ocurra, el 17 de abril seguirá siendo, para el caso venezolano, menos una fecha de celebración y más un recordatorio de una deuda pendiente de justicia y humanidad.