El gobierno de Estados Unidos reconoció que no tiene una fecha fijada para las elecciones en Venezuela, pero aseguró que está aumentando la presión para que se cumplan las condiciones mínimas que permitan unos comicios libres y democráticos. Así lo explicó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en una comparecencia ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes.

Kozak fue explícito: “No tenemos una fecha fijada. Lo que tenemos son condiciones que permitirán la celebración de elecciones y propiciarán una transición hacia la democracia”, dijo, al ser preguntado por un posible plazo para los comicios. Washington, añadió, está pendiente de los “hitos” que deben cumplirse en ese camino: amnistía real, liberación de presos políticos, regreso seguro de líderes en el exilio, depuración de las instituciones electorales y un nuevo registro de votantes confiable.

El diplomático destacó algunos avances del gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. Entre ellos mencionó la aprobación de una Ley de Amnistía, la liberación de cientos de presos políticos y un nuevo grupo de 50 excarcelaciones que, según dijo, se había producido “hace apenas una hora” antes de su intervención. También subrayó que figuras opositoras exiliadas están comenzando a retomar su participación pública, lo que para Washington es un paso clave para reconstruir una sociedad civil y política real.

Aun así, Kozak consideró que lo hecho “no es suficiente”. Recordó que, pese al discurso oficial de que unos 8.000 casos han sido atendidos con medidas de amnistía, todavía hay opositores que no pueden regresar al país ni participar en la vida pública, lo que haría inviable cualquier elección verdaderamente competitiva. “No tendría sentido celebrar unas elecciones si las personas que podrían postularse no tienen la posibilidad de hacerlo”, remarcó.

El subsecretario de Estado insistió en varios puntos de presión:

  • La necesidad de que María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, y otros dirigentes, puedan regresar sin miedo a represalias y ejercer plenamente sus derechos políticos.
  • La actualización del censo electoral, que calificó de “anticuado y completamente sesgado”.
  • La reestructuración y depuración del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, dominados por designados del madurismo “en los que nadie tiene confianza”, según dijo.

Kozak enmarcó todo esto en el plan de tres fases de la administración Trump para la Venezuela post‑Maduro: estabilización, recuperación y transición. A su juicio, la primera fase ya se habría cumplido: “La primera fase fue la estabilización. No queríamos que la situación de seguridad se desmoronara, que la gente se quedara sin servicios, que las pandillas deambularan libres ni una gran oleada de migración ilegal. Básicamente, lo logramos. Misión cumplida”, afirmó.

En paralelo, elogió que el gobierno interino aprobara reformas del sector hidrocarburos para permitir el regreso de la inversión extranjera, y sostuvo que la operación contra Maduro ha servido no solo para la agenda democrática, sino para objetivos de Trump como frenar la migración ilegal, el narcotráfico y apretar el bloqueo petrolero a Cuba.

El mensaje de Washington, en resumen, combina dos líneas:

  • Más presión por condiciones electorales plenas (amnistía efectiva, retorno de exiliados, nuevo CNE y TSJ, observación internacional, censo depurado).
  • Ningún compromiso con una fecha concreta, porque consideran que fijar un calendario sin garantías sería “artificial” y no aseguraría la legitimidad del próximo gobierno.

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