En Venezuela se documentaron 122 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos durante el primer trimestre de 2026, según el más reciente informe del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). A pesar del nuevo contexto político tras los hechos del 3 de enero, la ONG concluye que no hay señales de mejora estructural: defender derechos humanos en el país sigue siendo una labor de alto riesgo.
De acuerdo con el reporte, enero fue particularmente crítico: solo en ese mes el CDJ registró 64 ataques e incidentes de seguridad, lo que representa un pico de agresiones muy por encima del promedio de 22 ataques mensuales documentados en el segundo semestre de 2025. En febrero y marzo se produjo una disminución relativa, pero el total trimestral se mantuvo en 122 casos, suficientes para confirmar la persistencia de un entorno represivo y de criminalización del espacio cívico.
La organización advierte que las agresiones se dirigen tanto contra personas defensoras de derechos humanos como contra ONG, asociaciones civiles y plataformas ciudadanas que acompañan a víctimas de violaciones de derechos fundamentales. El patrón incluye ataques a quienes trabajan temas de presos políticos, justicia transicional, documentación de abusos, derechos sociales y libertad de expresión.
Entre los tipos de ataques más frecuentes, el CDJ destaca:
- Estigmatización y campañas de descrédito: declaraciones de altos funcionarios, programas de televisión y contenidos en redes sociales que buscan presentar a las ONG como “agentes extranjeros”, “desestabilizadores” o “enemigos de la patria”.
- Hostigamiento e intimidación: seguimientos, amenazas directas o veladas, visitas de cuerpos de seguridad a sedes de organizaciones y a domicilios de activistas.
- Criminalización vía apertura de investigaciones penales o uso de leyes restrictivas para limitar la acción de organizaciones y defensores.
- Restricciones administrativas y normativas que dificultan el funcionamiento legal de las ONG, en un contexto en el que se mantiene un marco regulatorio hostil al espacio cívico.
El informe subraya que estos ataques no son hechos aislados, sino parte de una política de Estado de criminalización de la defensa de derechos humanos. El CDJ sostiene que el discurso oficial continúa deslegitimando y cuestionando públicamente la legitimidad del trabajo de las organizaciones, especialmente cuando denuncian detenciones arbitrarias, torturas, uso excesivo de la fuerza o exigen liberaciones plenas de personas detenidas por motivos políticos.
Aunque la cifra de 122 incidentes representa una reducción frente a los 226 ataques registrados en el primer trimestre de 2023, la organización insiste en que esto no significa una mejora real del entorno. Por el contrario, el inicio de 2026 muestra un “nuevo pico” de agresiones respecto a la segunda mitad de 2025 y confirma que el cambio de coyuntura política no se ha traducido en garantías efectivas para el trabajo de la sociedad civil.
En paralelo, otras organizaciones como Espacio Público han documentado 75 violaciones a la libertad de expresión en el primer trimestre de 2026, entre censura, bloqueos, amenazas y detenciones vinculadas al ejercicio del periodismo y la comunicación ciudadana. Estos datos refuerzan la idea de que el espacio democrático sigue reducido, con medios y activistas operando bajo presión constante.
El CDJ concluye que, mientras no se desmonten las normas y prácticas restrictivas que pesan sobre ONG y defensores, Venezuela continuará siendo un país donde exigir, promover y defender derechos humanos implica un riesgo permanente. La organización reclama que cualquier proceso de transición o reformas institucionales incluya garantías claras para el espacio cívico, cese de la criminalización y reconocimiento público de la legitimidad del trabajo de los defensores.