Una nueva ola de “jubilaciones” en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) terminó por cobrarse el cargo del ex presidente de ese organismo, el magistrado Maikel Moreno Pérez, junto a otros jueces señalados como parte del viejo entramado de poder ligado a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según informó el abogado y exfiscal Zair Mundaray, al menos seis magistrados fueron notificados formalmente de su retiro, en lo que diversas fuentes describen como una purga interna presentada al país bajo la figura administrativa de la jubilación.
Entre los nombres divulgados figuran, además de Maikel Moreno, otros magistrados con peso político dentro del máximo tribunal. De acuerdo con reportes de prensa y fuentes consultadas por medios internacionales, en la lista de salidas se incluyen figuras como Edgar Gavidia, primer vicepresidente del TSJ y pariente de Cilia Flores; Tania D’Amelio, segunda vicepresidenta y exrectora del CNE; así como jueces de las salas Constitucional, Civil y Político-Administrativa vinculados a las viejas lealtades del chavismo.
Esta operación de reacomodo en el TSJ se inscribe en un plan más amplio de “cirugía mayor” al Poder Judicial, orientado —según reseñó el diario El País— a desmontar las influencias personales de Nicolás Maduro y, sobre todo, de Cilia Flores en la cúpula del tribunal. Fuentes citadas por ese medio hablan de la salida de hasta 12 de los 20 jueces principales, lo que implicaría renovar cerca del 70% de la composición actual del TSJ mediante jubilaciones anticipadas y forzadas.
Organizaciones como Acceso a la Justicia han documentado históricamente el uso de la jubilación anticipada como mecanismo de presión y control político sobre los magistrados. En informes previos, la ONG registró que, en los últimos 17 años, al menos siete magistrados se jubilaron bajo presión, después de recibir advertencias de que, si no aceptaban retirarse, serían sometidos a procedimientos por “faltas graves”. Testimonios citados por la organización relatan cómo, en el pasado, figuras como la entonces directiva del TSJ —con Maikel Moreno entre sus operadores— presionaban a jueces para que firmaran cartas de retiro “por motivos personales”.
Hoy el escenario se ha invertido: el mismo Maikel Moreno, sancionado internacionalmente por corrupción y violaciones de derechos humanos, aparece ahora del lado de los apartados. Su salida y la de otros magistrados de confianza del antiguo círculo gobernante son leídas como un intento de reconfigurar el Poder Judicial a la luz del nuevo mapa político, tras la captura de Maduro y el giro en la relación con Estados Unidos.
Aunque los retiros se presentan formalmente como decisiones administrativas de jubilación, la forma y el momento refuerzan la percepción de que se trata de una depuración política más que de un proceso institucional transparente. No se ha hecho público un acto oficial detallado por parte del propio TSJ, y la información ha ido saliendo principalmente a través de filtraciones, confirmaciones extraoficiales y denuncias de abogados como Mundaray.
En paralelo, analistas advierten que estos movimientos no necesariamente implican una democratización del sistema judicial, sino un cambio de fichas dentro del mismo esquema de control. La gran incógnita es quiénes ocuparán los puestos vacantes: si serán perfiles igualmente leales a la nueva correlación de fuerzas en Miraflores, o si se abrirá espacio —aunque sea limitado— para jueces con mayor independencia y disposición a respetar estándares de Estado de derecho.
Por ahora, lo evidente es que la “jubilación exprés” se consolidó como el instrumento escogido para sacar del juego a viejos operadores como Maikel Moreno, mientras el país sigue sin un proceso transparente, con participación ciudadana y parlamentaria amplia, para renovar realmente el TSJ y ponerlo al servicio de la justicia y no de las pugnas internas del poder.