La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos autorizó al gobierno de Venezuela a utilizar fondos públicos venezolanos para pagar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en territorio estadounidense y acusados por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. La decisión quedó plasmada en licencias enmendadas que permiten que los abogados del exmandatario y de la ex primera dama reciban pagos del Estado venezolano bajo una serie de condiciones específicas.
De acuerdo con el documento enviado al juez federal Alvin K. Hellerstein, quien lleva la causa en Nueva York, las licencias autorizan a los defensores de Maduro y Flores a recibir honorarios provenientes de recursos del gobierno venezolano disponibles después del 5 de marzo de 2026. Al mismo tiempo, se establece que los pagos no pueden provenir de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, es decir, no podrán tocar cuentas protegidas donde reposen activos de otros Estados.
La autorización llega después de que el propio juez Hellerstein cuestionara en audiencias previas la situación económica de los acusados y la negativa inicial de Washington a permitir el uso de recursos estatales venezolanos para su defensa. En una de esas sesiones, el magistrado dejó constancia de que, dada la naturaleza del caso y el cargo que ocupó Maduro, resultaba “irreal” pensar que no se pudieran emplear fondos del gobierno que dirigió para garantizarle abogados adecuados, siempre que se respetaran los marcos de sanciones y licencias de OFAC.
Tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores enfrentan acusaciones formales por narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, en causas abiertas originalmente por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Tras su captura en Caracas y traslado a EE. UU., ambos han comparecido ante el tribunal federal, donde su defensa intentó sin éxito que se desestimaran los cargos; el juez rechazó esa petición y mantuvo en pie el proceso penal.
Con la luz verde de OFAC, el equipo legal de los acusados podrá cobrar honorarios directamente del gobierno venezolano, lo que de facto implica que dinero público será usado para financiar la estrategia de defensa de dos figuras responsabilizadas por graves delitos en el sistema judicial estadounidense. Aunque la decisión se ampara en el derecho a una defensa adecuada y en el marco de licencias de sanciones, abre también un debate político y ético sobre el uso de recursos del Estado para proteger a exdirigentes acusados de integrar una red de narcotráfico a gran escala.
En adelante, el juez Hellerstein seguirá controlando el cumplimiento de las condiciones de OFAC, mientras la defensa de Maduro y Flores prepara nuevas mociones y estrategias procesales de cara a un juicio que, por la gravedad de los cargos, podría derivar en condenas de cadena perpetua si la Fiscalía logra probar su caso.