La Corte Suprema de EE. UU. rechazó este lunes 2 de noviembre, horas después de recibirlo, el pedido de emergencia de la administración Trump para obligar a California a apartar unos 20.000 votos por correo de personas que el Departamento de Justicia considera «posiblemente no ciudadanos». La decisión permite que el estado siga contando esas boletas en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El fallo no resuelve el fondo del litigio, pero impide, por ahora, que se altere el conteo de California a las puertas de la votación. Estos son los hechos del caso.
Qué pidió el gobierno federal
El procurador general D. John Sauer presentó una solicitud de «injunción limitada» para que California separara las boletas de «ciudadanos y presuntos no ciudadanos» hasta verificar su elegibilidad. El Departamento de Justicia afirmó haber identificado a más de 20.000 personas en los registros electorales que, según su criterio, probablemente no eran ciudadanas estadounidenses.
La administración sostuvo que la medida no anularía ningún voto, sino que daría tiempo para comprobar la ciudadanía de los votantes señalados. Sin embargo, no presentó pruebas de que esas 20.000 personas hubieran votado ni de que sus boletas fueran ilegales.
El origen de la lista
Según la cobertura de AP y CalMatters, el gobierno federal envió la lista a California el 13 de octubre, cuando las boletas ya habían sido enviadas por correo. El subprocurador general interino Trent McCotter dio al estado 48 horas para revisarla. Al vencer el plazo, el Departamento de Justicia presentó una demanda.
El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que el estado no retendría las boletas. Señaló además que la cifra que alegaba la administración había bajado de los 190.000 que el Departamento de Seguridad Nacional mencionó durante el verano a los 20.000 de este caso. McCotter reconoció que podría haber nombres de ciudadanos en la lista.
La decisión de la Corte
La Corte emitió una orden de una sola línea, sin firma, sin explicación y sin disidencias públicas: «La solicitud de injunción pendiente de apelación presentada a la jueza Kagan y por ella referida a la Corte se deniega».
El fallo llegó pocas horas después de la presentación del gobierno federal y sin que la Corte pidiera respuesta ni argumentos a California.
Por qué los tribunales inferiores la rechazaron
El caso llegó a la Corte después de que un panel dividido del Noveno Circuito, por 2 a 1, rechazara el pedido del Departamento de Justicia. Los jueces Mark Bennett, nominado por Trump, y Gabriel Sánchez, nominado por Biden, concluyeron que el gobierno federal no tiene autoridad para dictar a los estados cómo administrar sus elecciones.
El panel sostuvo que el riesgo de que no ciudadanos estuvieran votando era, «en el mejor de los casos, incierto», y que California ya cuenta con procedimientos para verificar la elegibilidad. Advirtió que apartar boletas podría provocar privación del derecho al voto y poner en riesgo toda la elección del condado.
La corte de apelaciones señaló también que, si el gobierno federal considera necesarios otros procedimientos para el voto por correo, debería llevar esa propuesta al Congreso y no a los tribunales.
El fallo del juez Carter
Antes, el juez federal David Carter había negado el pedido del Departamento de Justicia en un fallo del miércoles 28 de octubre, según medios locales. El juez que revisó el caso concluyó que no existía una forma viable de identificar y separar las boletas de individuos específicos sin efectos potencialmente catastróficos para el sistema electoral.
El problema práctico: ¿cuántas boletas eran?
El número real de boletas en disputa probablemente era menor que 20.000. Funcionarios electorales del condado encontraron que muchas personas de la lista del Departamento de Justicia no tenían registros de votante activos ni habían recibido boletas por correo.
El trasfondo constitucional
La Constitución asigna a los estados la responsabilidad principal de administrar las elecciones. El Departamento de Justicia invocó una ley federal que prohíbe que no ciudadanos voten en elecciones federales. Los tribunales inferiores consideraron que esa prohibición no autoriza al gobierno federal a intervenir de última hora en el conteo estatal de boletas.
La Corte Suprema ha sostenido históricamente que los tribunales federales deben evitar alterar reglas electorales cuando una elección está demasiado cerca.
Las reacciones y el contexto
La presentación ocurrió un día antes de las elecciones, cuando el condado de Los Ángeles ya había recibido más de 1,2 millones de boletas. La alcaldesa Karen Bass calificó la acción como un intento de «asustar a la gente para que se quede en casa» y sembrar dudas sobre unas elecciones que, según dijo, son seguras y están administradas por trabajadores dedicados.
California acusó a la administración de basarse en una lista con errores y de buscar socavar la confianza en el proceso democrático. La administración sostiene que el caso forma parte de una estrategia más amplia para combatir el presunto voto de no ciudadanos. Los tribunales que han revisado el caso no han encontrado evidencia suficiente que la respalde.
Qué sigue
La decisión no resuelve definitivamente el fondo del litigio. En la práctica, California puede seguir procesando y contando las boletas por correo, incluidas las de las personas señaladas por el Departamento de Justicia.
Mantente informado: sigue este medio para conocer los resultados de las elecciones legislativas y cualquier novedad de este caso en los tribunales.
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