Un juez federal rechazó el lunes por la noche detener las exigencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que varios estados revisen boletas entrantes antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. La demanda la presentaron legisladores demócratas y organizaciones partidistas que buscaban frenar la presión de la administración Trump sobre estados gobernados por demócratas.
La decisión llega en la víspera de la votación y se suma a otras disputas judiciales sobre quién tiene la última palabra en la administración de las elecciones: el gobierno federal o los estados. Estos son los hechos.
Qué decidió el juez Boasberg
El juez James E. Boasberg, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, determinó que los demandantes no habían demostrado un perjuicio inmediato que justificara una intervención judicial. Señaló que California y otros estados habían logrado, en gran medida, resistir las acciones federales.
Boasberg subrayó que los estados tienen un papel central en las elecciones federales. Añadió que California, Nevada, Washington y Pensilvania habían usado sus derechos constitucionales para impugnar las acusaciones de fraude electoral de la administración.
Quiénes presentaron la demanda
La demanda se presentó el 20 de octubre ante un tribunal federal de distrito. Entre los demandantes figuran los líderes demócratas del Congreso, el senador Chuck Schumer y el representante Hakeem Jeffries, junto con el Comité de Campaña Demócrata al Senado, el Comité de Campaña Demócrata al Congreso y la Asociación de Gobernadores Demócratas.
Los demandados incluyen al presidente Donald Trump, al Departamento de Justicia y su titular, Todd Blanche, y al DHS y su secretario, Markwayne Mullin, según AP.
Qué pedían
Los demandantes solicitaron una orden que impidiera al gobierno federal eliminar de los registros estatales a votantes inscritos legalmente. También pidieron que no se bloquee a los estados para emitir o contar las boletas de votantes registrados. Su abogado, Uzoma Nkwonta, pidió al juez poner fin a una «campaña sin precedentes» del gobierno por interferir en las obligaciones de los estados.
El origen del conflicto: las cartas a los estados
El DHS envió cartas a los estados alegando que habían permitido que no ciudadanos se registraran para votar. Los estados respondieron exigiendo pruebas más sólidas y se negaron a eliminar de manera indiscriminada a los votantes señalados.
AP reportó también que el Departamento de Justicia envió cartas a funcionarios electorales de California y Washington en las que los amenazaba con procesos penales si mantenían deliberadamente a no ciudadanos en sus registros. El juez y los demandantes quisieron saber si otros estados habían recibido misivas similares.
Los números que cuestionan los estados
California y otros estados han cuestionado las cifras federales. El estado señaló que el DHS habló en el verano de 190.000 no ciudadanos en sus registros y que la cifra del Departamento de Justicia bajó después a unos 20.000. En Nevada, el gobierno federal alegó que había cerca de 16.000 posibles no ciudadanos en los registros, pero el estado determinó que todos eran ciudadanos estadounidenses.
La audiencia de la semana pasada
Durante la audiencia, el Departamento de Justicia sostuvo que los estados podían simplemente ignorar las cartas del DHS. Boasberg concluyó que no estaba claro que los funcionarios estatales cedieran ante las amenazas federales solo porque hubieran sido emitidas.
Antes del fallo, el juez había expresado dudas de que los demandantes tuvieran la legitimación necesaria para presentar sus reclamos. «No dudo que tengan preocupaciones legítimas», dijo, aunque la pregunta más difícil era si podían demandar.
Lo que ordenó el juez
El jueves anterior, Boasberg ordenó al gobierno entregar a más tardar el viernes la lista completa de estados que recibieron cartas del Departamento de Justicia. También indicó que la administración podía volver intrascendente el proceso en cualquier momento si presentaba un documento en el que asegurara que no incurriría en la conducta impugnada.
Los abogados de la administración sostienen que los reclamos de los demandantes son demasiado amplios y vagos y que le impedirían cumplir su deber constitucional de hacer cumplir las leyes federales. Según AP, el gobierno afirma haber encontrado pruebas de que no ciudadanos han votado o votarán ilegalmente en estos comicios, aunque las investigaciones de los estados y del propio Departamento de Justicia indican que ese tipo de voto es sumamente raro.
Los casos paralelos
La decisión de Boasberg se suma a otros litigios de esta misma semana:
- Corte Suprema: rechazó el lunes el pedido de la administración para obligar a California a apartar unos 20.000 votos por correo de personas que el Departamento de Justicia considera «posiblemente no ciudadanos».
- Juez en California: un juez federal falló a favor del estado el miércoles 28 de octubre, y el Departamento de Justicia apeló de inmediato, según AP.
- Operativos del DHS: en un caso distinto, la jueza Araceli Martínez-Olguín limitó operativos del DHS en nueve estados al considerar que el programa probablemente viola la Ley de Derechos Electorales, según el medio TNND.
El juez y el contexto político
Boasberg fue nominado por el expresidente Barack Obama. La Casa Blanca ha criticado varios de sus fallos contra la administración, y Trump y sus aliados pidieron su destitución el año pasado, después de que bloqueara el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos a El Salvador.
Qué sigue
El fallo no resuelve de manera definitiva el litigio sobre el alcance del poder del DHS, que sigue en curso. En la práctica, los estados pueden continuar administrando sus elecciones y decidir cómo responder a las exigencias federales.
Mantente informado: sigue este medio para conocer los resultados de las elecciones legislativas y las novedades de los casos judiciales sobre el voto.
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