Orange County, California. Un niño de 14 años conducía una e-motocicleta eléctrica sin permiso legal para hacerlo. En cuestión de segundos, atropelló y mató a un veterano de guerra de 81 años en Lake Forest. Ese momento, que pudo evitarse, se convirtió en el punto de quiebre que llevó al fiscal de distrito Todd Spitzer a declarar lo que él mismo describe como una batalla contra una «plaga» de vehículos eléctricos ilegales que está cobrando vidas en el sur de California.
Para las familias hispanas de Estados Unidos, muchas de las cuales dependen de bicicletas y motocicletas eléctricas para trabajar, transportar a sus hijos o simplemente moverse por la ciudad, esta historia no es un dato lejano: es una advertencia directa sobre los riesgos legales y humanos que puede traer una compra aparentemente inofensiva.
¿Quién es Todd Spitzer y por qué lanzó esta cruzada?
Spitzer, fiscal electo de Orange County y conocido por su postura firme contra el crimen, ha convertido la seguridad vial en el centro de su gestión. Según su oficina, citando datos del California Statewide Integrated Traffic Record System, más de 100 personas han muerto en el sur de California en los últimos cuatro años (2022-2026) en incidentes relacionados con e-bikes y e-motocicletas, mientras que las lesiones aumentaron un 430% en el mismo periodo.
Lo más preocupante, según estas cifras, es que la mayoría de los choques graves involucran a menores de entre 11 y 14 años, muy por debajo de los 16 años que exige la ley de California para operar legalmente una e-motocicleta.
La unidad RIDE SAFELY: procesando también a los padres
En mayo de 2026, Spitzer creó RIDE SAFELY, una unidad especial dentro de su oficina que combina fiscales, personal de justicia juvenil, protección familiar y alcance comunitario. Su misión es doble: perseguir criminalmente a quienes violan las leyes de tránsito eléctrico y, al mismo tiempo, educar a las familias sobre los riesgos reales de estos vehículos.
Lo que distingue a esta unidad es su disposición a procesar no solo a los menores, sino a los padres que, a sabiendas, compraron o modificaron un vehículo inapropiado para la edad de sus hijos. Los cargos pueden incluir peligro infantil (child endangerment), un delito grave, y en los casos más extremos, homicidio involuntario.
Casos que marcaron un antes y un después
El caso de Lake Forest es el más citado: la madre del menor que mató al veterano de 81 años enfrenta cargos de homicidio involuntario, después de haber sido advertida repetidamente sobre la ilegalidad del vehículo. En Yorba Linda, un padre enfrenta cargos de peligro infantil luego de que su hijo de 12 años, al mando de una e-motocicleta modificada para alcanzar 60 millas por hora, resultara gravemente herido al ser golpeado por un auto tras cruzar un semáforo en rojo.
Estos casos envían un mensaje que Spitzer repite con insistencia: la responsabilidad de lo que hacen los hijos menores de edad al volante de estos vehículos recae, en gran medida, sobre los padres.
El primer «buyback» de e-bikes en la historia de EE. UU.
El 13 de septiembre de 2026, la oficina de Spitzer organizó en el Angel Stadium de Anaheim el primer programa de canje masivo de e-bikes en el país, inspirado en los tradicionales programas de recompra de armas de fuego. Bajo el lema de «sin preguntas», cualquier persona podía entregar su vehículo eléctrico a cambio de una tarjeta de regalo.
Cómo funcionó el canje
Durante tres horas, casi 1,000 vehículos —entre e-bikes, e-scooters, e-motocicletas y mini motos— fueron entregados a cambio de tarjetas de Target, Walmart y Dick’s Sporting Goods, con montos que iban desde $200 por mini motos hasta $1,000 por e-motocicletas. El dinero no salió de impuestos: provino de fondos de decomiso de activos destinados a la prevención del crimen. Los vehículos, según la vocera Kimberly Edds, llenaron nueve camiones U-Haul y serán destruidos, no revendidos.
Las cifras que explican la alarma
Detrás de este operativo hay una realidad que muchas familias hispanas viven de cerca: las e-bikes se han vuelto más rápidas, más pesadas y más accesibles, justo cuando más adolescentes las usan sin supervisión. El crecimiento explosivo de las ventas desde la pandemia, sumado a la falta de infraestructura vial adecuada y a la confusión sobre qué vehículos son legales, ha creado, según Spitzer, una tormenta perfecta de riesgo.
¿Qué hace ilegal a una e-bike en California?
La ley estatal distingue entre categorías según la potencia del motor, la velocidad máxima y si tiene pedales operables. Una e-bike legal no puede superar los 750 watts ni los 28 mph, y debe poder pedalearse sin asistencia motriz. Cualquier vehículo que exceda esos límites —o que haya sido modificado para desbloquear su velocidad— se convierte legalmente en una e-motocicleta, cuya operación exige tener al menos 16 años.
El problema, señalan las autoridades, es que muchos retailers en línea venden estos vehículos etiquetándolos como simples «e-bikes», sin advertir sobre los requisitos de edad o las modificaciones ilegales que muchos jóvenes realizan con tutoriales encontrados en internet. Amazon ya anunció que dejará de vender en California e-bikes que excedan los límites legales, en respuesta directa a la presión generada por esta iniciativa.
Apoyo, críticas y el debate que sigue abierto
No todos coinciden con el enfoque de Spitzer. Mientras víctimas de accidentes, familias preocupadas y defensores de la seguridad pública respaldan la mano dura, otros advierten que criminalizar a los padres sienta un precedente peligroso y que el verdadero problema es la falta de educación e infraestructura, no la ausencia de castigos. También hay quienes cuestionan si el programa de canje afecta desproporcionadamente a comunidades de bajos ingresos, que suelen optar por vehículos más económicos y, muchas veces, menos regulados.
Qué sigue para Orange County y el resto del país
Spitzer ha adelantado que buscará nueva legislación estatal, incluyendo verificación de edad obligatoria para la compra de estos vehículos y mayor responsabilidad para fabricantes y retailers. Por ahora, Orange County se ha convertido en el laboratorio donde se prueban las políticas más agresivas del país frente a un fenómeno que crece sin freno: la pregunta de fondo —cómo aprovechar los beneficios de las e-bikes sin poner en riesgo vidas humanas— sigue sin una respuesta sencilla.
Para las familias que hoy consideran comprar una e-bike o una e-motocicleta para sus hijos, el caso de Orange County deja una lección clara: informarse antes de comprar puede ser la diferencia entre la seguridad y una tragedia irreversible.
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