Un extenso informe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reveló que, durante su tiempo como dictador de Venezuela, Nicolás Maduro consolidó una alianza estructural con el régimen de Irán que combina cooperación terrorista, financiera y militar. El documento, de carácter reservado y con 28 páginas, se basó en el análisis de alrededor de 3.000 documentos oficiales de ambos países, y concluye que Venezuela se convirtió en una plataforma clave para operaciones de grupos como Hezbollah y la Fuerza Quds en el hemisferio occidental. Según la investigación, la relación no se limitó a la cooperación política, sino que configuró un entramado de narcotráfico, lavado de dinero, contrabando y provisión de armas con impacto directo en la seguridad de Estados Unidos y América Latina.
En el plano económico, la DEA detalla una sofisticada arquitectura financiera montada para evadir sanciones internacionales. De acuerdo con el informe, Caracas y Teherán utilizaron fondos como el Fondo Conjunto China–Venezuela, el FONDEN, fideicomisos opacos y bancos corresponsales en Panamá, Uruguay, Dubái y Hong Kong para mover capitales fuera del radar de los organismos de control. Estos recursos se canalizaban hacia empresas estatales iraníes de sectores como energía, construcción naval y tecnologías de doble uso, al tiempo que financiaban operaciones vinculadas al terrorismo y al crimen organizado en distintas regiones. El reporte sostiene que la asociación permitió sostener económicamente tanto al régimen de Maduro como a aliados iraníes, reforzando una red que combina kleptocracia, narcotráfico y redes terroristas.
El documento también describe una intensa cooperación militar y nuclear entre ambos regímenes. La DEA señala que Irán transfirió a Venezuela tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales para la fabricación de armamento, mientras que en territorio venezolano se habrían registrado operaciones encubiertas de extracción y contrabando de uranio, especialmente en la cuenca de Roraima, donde las reservas se calculan en decenas de miles de toneladas. Parte de estas actividades, según el dossier, se camuflaron bajo proyectos industriales y energéticos, como la rehabilitación de refinerías y las llamadas “fábricas socialistas”, que funcionarían como fachadas para desviar recursos y tecnología hacia Irán. Esta dimensión militar convierte a Venezuela en un eslabón estratégico dentro de la proyección de poder iraní más allá de Oriente Medio.
Otro eje clave del informe es la presencia en Venezuela de operadores vinculados a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria Islámica, con roles tanto en el entrenamiento represivo interno como en esquemas de crimen organizado transnacional. La DEA sostiene que el país se transformó en un hub de convergencia entre narcotráfico, lavado de dinero y redes terroristas, bajo el paraguas del llamado Cártel de los Soles, integrado por altos mandos militares y funcionarios del chavismo. En este esquema, Hezbollah se posiciona como principal lavador de dinero de organizaciones como el Tren de Aragua, procesando una parte significativa de las ganancias del tráfico de cocaína para financiar sus propias actividades. A cambio, el grupo extremista y sus aliados iraníes obtienen protección estatal, facilidades para moverse por la región y la posibilidad de proyectar influencia en el continente.
El informe de la DEA se suma a un conjunto de investigaciones y acusaciones previas de la justicia estadounidense, que ya había señalado a Maduro como líder de una red de narcoterrorismo y elevado a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a su captura. Para los analistas citados por medios internacionales, los nuevos hallazgos refuerzan la tesis de que la alianza Maduro–Irán no fue coyuntural, sino parte de una estrategia de largo plazo para blindar al régimen venezolano mediante apoyos externos, al tiempo que se ofrecía territorio y estructura estatal a intereses iraníes y de Hezbollah. Washington, advierte el reporte, ve esta articulación como una amenaza de primer nivel para su seguridad nacional, al combinar capacidades terroristas, recursos del narcotráfico y una presencia geográfica a pocas horas de vuelo del territorio estadounidense.