El financiamiento de la defensa del expresidente Nicolás Maduro en Estados Unidos quedó oficialmente autorizado para ser cubierto con fondos públicos venezolanos, pero bajo un esquema técnico muy específico diseñado por la OFAC y el Departamento del Tesoro. Las licencias enmendadas permiten que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez pague a los abogados de Maduro (y también a los de Cilia Flores) siempre que el dinero cumpla dos condiciones clave: que sean recursos generados después del 5 de marzo de 2026 y que no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.
Qué autorizó exactamente Estados Unidos
El mecanismo fue formalizado en una carta conjunta enviada al juez Alvin K. Hellerstein, quien lleva el caso de narcotráfico y narcoterrorismo contra Maduro en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. En esa comunicación, la Fiscalía federal y la defensa informan que llegaron a un acuerdo temporal para resolver el conflicto sobre quién paga los honorarios, y el Tesoro modificó las licencias de sanciones para que el Gobierno de Venezuela pueda cubrirlos con recursos propios. La clave jurídica es que, con esto, se evita que prospere la moción de la defensa que pedía desestimar el caso alegando que, sin permiso para usar fondos venezolanos, se violaba el derecho constitucional a una defensa efectiva.
De dónde puede salir el dinero
Las licencias de la OFAC establecen que los abogados de Maduro y Flores sí pueden recibir pagos del Gobierno de Venezuela, pero únicamente si:
- Los fondos utilizados son “disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026”.
- Esos recursos no provienen de los llamados Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, es decir, no se tocan cuentas especiales de depósito de otros Estados ni activos protegidos por esquemas internacionales.
La fecha del 5 de marzo de 2026 coincide con el momento en que Washington reconoció oficialmente al gobierno interino de Delcy Rodríguez, lo que marca una línea de tiempo para separar activos antiguos de los recursos manejados bajo la nueva administración.
Por qué cambiaron de posición
No es la primera vez que OFAC se pronuncia sobre este tema. En enero de 2026, el Tesoro había emitido una licencia específica que permitía a la defensa de Maduro ser pagada con fondos del Estado venezolano, pero la revocó horas después por motivos de “seguridad nacional”. La presión del proceso judicial y el riesgo de que un juez considerara que el acusado no tenía forma real de costear su defensa llevaron ahora a un giro controlado: se autorizan los pagos, pero con límites estrictos sobre el origen del dinero.
En su análisis, medios jurídicos subrayan que la OFAC tuvo que equilibrar dos principios: el derecho de cualquier acusado —incluso uno sancionado y señalado por narcotráfico— a contar con abogados de su elección, y el poder del Tesoro para bloquear fondos de sancionados y evitar que se usen para fines que considere contrarios a los intereses de EE. UU. De allí que se requiera una licencia específica para que despachos contratados por Maduro puedan cobrar del Gobierno de Venezuela.
Lo que no se sabe todavía
Hasta ahora, no se han revelado los montos autorizados ni el cronograma de pagos a los bufetes que representan a Maduro y a Flores. Tampoco está claro si los recursos saldrán de una partida presupuestaria concreta, de ingresos petroleros recientes o de otros flujos de caja del Estado venezolano posteriores a marzo de 2026.
Lo que sí queda definido es el cuadro general:
- Estados Unidos no pagará la defensa del exmandatario.
- El Gobierno de Venezuela queda autorizado a hacerlo, pero solo con fondos recientes y “limpios” a ojos de la OFAC.
- La decisión garantiza que el juicio continúe sin que la defensa pueda alegar falta absoluta de recursos, al tiempo que mantiene la arquitectura de sanciones sobre el resto de los activos del Estado venezolano.
En síntesis, Maduro podrá financiar su equipo legal con dinero público venezolano, pero dentro de un corralito jurídico y financiero diseñado en Washington, donde cada dólar autorizado será, a la vez, un salvavidas procesal y un nuevo foco de polémica política.