La petrolera británica Shell mantiene conversaciones avanzadas con el gobierno de Delcy Rodríguez para desarrollar cuatro grandes áreas gasíferas costa afuera de Venezuela, ubicadas cerca de Trinidad y Tobago, en dos de los yacimientos de gas natural marinos más grandes del país. De acuerdo con fuentes citadas por Reuters, la compañía busca consolidar su posición en el proyecto Dragón y sumar zonas vecinas, en un esquema donde el gas venezolano se enviaría a Trinidad para ser procesado como gas natural licuado (GNL) y exportado a mercados internacionales.
Shell lleva años intentando sacar adelante el yacimiento Dragón, calculado en unos 4,2 billones de pies cúbicos de reservas, ubicado en aguas venezolanas al noreste del país y considerado parte del proyecto costa afuera Mariscal Sucre, que incluye también los campos Río Caribe, Patao y Mejillones. Las fuentes señalan que la empresa podría tomar una decisión final de inversión sobre Dragón a finales de este año, ahora favorecida por las licencias generales emitidas en febrero por Estados Unidos para proyectos de exploración y producción de gas en Venezuela, lo que despeja buena parte de las trabas que habían frenado el proyecto durante más de una década.
El plan es que el gas extraído en el lado venezolano sea transportado por tubería a Trinidad, a apenas unas millas náuticas de distancia, donde se integraría al sistema de la planta Atlantic LNG, un complejo de GNL operado por Shell y el gobierno trinitario que lleva años trabajando por debajo de su capacidad instalada por falta de materia prima. Para Shell, acceder de forma estable a volúmenes adicionales de gas venezolano representa un impulso estratégico para asegurar contratos de exportación a Europa y otros destinos, en un contexto de reconfiguración del mercado energético tras la guerra en Ucrania y la búsqueda de sustitutos al gas ruso.
Además de Dragón, la compañía aspira a incorporar otras tres áreas cercanas dentro del mismo corredor costa afuera, que en conjunto forman parte del gran paquete Mariscal Sucre, estimado en unos 12 billones de pies cúbicos de gas. Paralelamente, Shell ya desarrolla la porción trinitaria del yacimiento Loran‑Manatee, un campo compartido donde Venezuela posee el 73,75% de las reservas y Trinidad el 26,25%, mientras que del lado venezolano hay bloques donde todavía figura la estadounidense Chevron como socia, aunque se espera que esta renuncie a parte de sus participaciones para que puedan ser reofertadas bajo las nuevas condiciones.
La ventana de oportunidad se abrió cuando Washington emitió en febrero una licencia general para proyectos de gas en Venezuela, que según confirmó un vocero de Shell permitirá “avanzar en el proyecto Dragón” después de años de interrupciones ligadas a cambios en la política de sanciones hacia Caracas. La propia empresa ya había señalado que, si el marco regulatorio y de licencias se mantenía estable, podría lograr la primera producción de gas venezolano hacia Trinidad en un plazo de unos tres años, dependiendo de los trabajos de ingeniería y de la construcción de un gasoducto de alrededor de 16 kilómetros entre el campo y la isla.
Para el gobierno de Rodríguez, el acuerdo con Shell tiene un doble valor: por un lado, monetizar reservas de gas prácticamente intactas en el Caribe venezolano sin necesidad de construir, a corto plazo, una costosa infraestructura de licuefacción propia; por el otro, enviar una señal a otros inversionistas de que, con el respaldo de Estados Unidos, Venezuela vuelve al mapa mundial del negocio gasífero. Sin embargo, críticos recuerdan que estos proyectos están orientados principalmente a alimentar plantas en el exterior y a generar divisas, mientras el país sigue lidiando con apagones eléctricos, cortes de agua y un sistema energético interno en colapso, lo que abre el debate sobre cómo se repartirán los beneficios reales de este eventual boom del gas.