El inmigrante venezolano José Medina (también identificado como José Medina‑Medina), acusado de asesinar a la estudiante Sheridan Gorman en Chicago, enfrenta nuevos cargos en Estados Unidos por presuntamente haber disparado también contra otros jóvenes la misma madrugada del crimen, en las cercanías del campus de la Universidad Loyola. De acuerdo con fiscales del condado de Cook citados por la prensa norteamericana, además del cargo inicial de asesinato en primer grado, la acusación incluye ahora intento de asesinato en primer grado, tres cargos de agresión agravada y posesión ilícita de arma de fuego, vinculados a los disparos realizados contra los amigos de la víctima.
Los investigadores sostienen que Medina, de 25–26 años, emboscó a Gorman, de 18, cuando ella y un grupo de compañeros se encontraban en la playa Tobey Prinz, junto al Lago Michigan, en la madrugada del 19 de marzo. Según la reconstrucción del caso, el sospechoso estaba vestido de negro y enmascarado, se escondió cerca de un pequeño faro y abrió fuego de forma repentina; la joven cayó mortalmente herida cuando intentaba huir, mientras que sus amigos lograron ponerse a salvo pese a que también fueron blanco de los disparos.
Medina fue arrestado horas después en el barrio de Rogers Park, a poca distancia de la escena del crimen, y actualmente permanece sin derecho a fianza por orden del juez D’Anthony Thedford, que consideró la peligrosidad del acusado y la gravedad de los cargos. Durante una audiencia reciente, la defensa pública, encabezada por la abogada Julie Koehler, reveló que el venezolano presenta una discapacidad cognitiva e incluso aseguró que tiene “parte del cerebro ausente”, al tiempo que pidió que siga recluido por su propia seguridad debido a la conmoción que el caso ha generado en la ciudad.
El proceso judicial se complicó además por la salud del detenido: Medina fue diagnosticado con tuberculosis y puesto en cuarentena en el Hospital Cermak, dentro de la cárcel del condado de Cook, lo que obligó a que su comparecencia ante el tribunal se hiciera por videoconferencia y a que se pospusieran algunas vistas. Pese a ello, la Fiscalía ha mantenido su postura de avanzar con todos los cargos posibles, subrayando que el ataque no fue un hecho aislado sino un episodio con múltiples víctimas potenciales.
El caso ha tenido gran repercusión política en Estados Unidos porque Medina es un inmigrante venezolano en situación irregular: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que fue detenido por la Patrulla Fronteriza el 9 de mayo de 2023 y luego liberado dentro del país bajo la administración de Joe Biden, en medio de la presión sobre el sistema migratorio. Más tarde, en junio de 2023, fue arrestado por hurto en tiendas en Chicago y nuevamente puesto en libertad, antecedentes que hoy son usados por sectores conservadores como ejemplo de los riesgos de las políticas de “ciudades santuario” y del manejo de la migración irregular.
Tras el asesinato de Gorman, el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó un “detainer” o solicitud de retención para que Medina no salga de custodia y pueda ser entregado a las autoridades federales en caso de que enfrente procesos migratorios adicionales una vez culminada la causa penal en Illinois. Mientras tanto, la familia de la joven, la comunidad universitaria de Loyola y organizaciones locales exigen que el caso avance con la mayor celeridad posible y que se esclarezca no solo la responsabilidad del acusado, sino también cómo un migrante con antecedentes previos pudo permanecer libre hasta el día del ataque.