Al cumplirse tres meses de la captura de Nicolás Maduro y de la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, el gran interrogante no es si habrá elecciones, sino cuánto más puede alargar el chavismo el calendario antes de verse obligado, por Constitución y por presión interna y externa, a llamar a las urnas.
El tope de los 180 días
La ONG Provea puso sobre la mesa el dato clave: el artículo 234 de la Constitución establece que el vicepresidente puede asumir la presidencia ante una falta temporal por 90 días, prorrogables solo una vez por otros 90, para un máximo de 180 días. Ese primer tramo de 90 días ya se cumplió el 3 de abril, por lo que la permanencia de Delcy entra ahora en un período de “prórroga excepcional” que, según la ONG, no puede convertirse en un interinato indefinido disfrazado de transición.
Provea recuerda que, vencidos esos 180 días, la Asamblea Nacional tiene la obligación de declarar la falta absoluta del presidente y convocar elecciones en 30 días, y advierte que “no pronunciarse es también una decisión política, no una omisión neutral”. En otras palabras: si el Parlamento dominado por el chavismo deja correr el tiempo sin activar los mecanismos de la falta absoluta, estaría forzando el marco constitucional para prolongar a Delcy más allá de lo previsto.
Lo que promete Delcy (y lo que oculta)
En febrero, en una entrevista con NBC, Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela celebrará “elecciones libres y justas” y dijo estar “absolutamente” comprometida con comicios democráticos “conforme a la Constitución”. Pero cuando le preguntaron cuándo, se cuidó bien de cerrar alguna puerta: sostuvo que el calendario será fijado por el diálogo político interno y se negó a precisar si las presidenciales se realizarán en los próximos tres años, manteniendo la incertidumbre total sobre plazos.
Medios que siguieron la entrevista subrayan que esa omisión no es casual. En un contexto en el que el chavismo aún controla TSJ, Asamblea, poder militar y policial, fijar una fecha significaría atarse las manos frente a una oposición que exige comicios lo antes posible y a una comunidad internacional que, aunque reconoce a Delcy, insiste en que la legitimidad definitiva solo vendrá de una elección competitiva.
El TSJ y la tentación de la prórroga
Al mismo tiempo, análisis como el de Divergentes recuerdan que el TSJ —controlado por el chavismo— se “abocó” ya el 1 de abril a prorrogar el interinato, abriendo formalmente los segundos 90 días de mandato encargado. Con eso, el oficialismo gana tiempo para recomponer su estructura de poder, negociar con factores militares y con Washington y repartir costos de la transición sin tener encima la presión inmediata de una fecha electoral.
El riesgo, señalan juristas citados por Provea, es que se intente interpretar creativamente el artículo 234 para seguir hablando de “falta temporal” aun cuando el propio texto constitucional prevé que, si se prolonga por más de 90 días, la Asamblea debe decidir si hay falta absoluta. Es decir, que el chavismo use una reforma “interpretativa” o una sentencia a la medida para legalizar un interinato sin límite claro, algo que las ONG advierten como incompatible con el espíritu de la Carta Magna.
La presión de las ONG y la calle
Provea y otras organizaciones de derechos humanos insisten en que el país vive una transición sin plazos, en la que se combinan gestos positivos (amnistías parciales, reapertura de embajadas, promesas de comicios) con opacidad: no hay hoja de ruta oficial, el CNE sigue pendiente de renovación y la represión no ha sido desmontada del todo. Para estas ONG, aceptar indefinidamente a Delcy en Miraflores sin calendario claro equivale a normalizar un “postchavismo” sin mandato popular, lo que chocaría con el derecho de los venezolanos a elegir a su presidente en votación competitiva.
En la base social opositora —y en especial en el entorno de María Corina Machado— crece el temor de que la transición se convierta en una “transición administrada” donde cambian los nombres pero se preservan las estructuras, y donde las elecciones se empujan cada vez más lejos mientras se pide paciencia en nombre de la estabilidad. De ahí que el reclamo central que recoge El Nacional sea claro: si Delcy quiere credibilidad, tiene que hablar de fechas, no solo de principios, y la Asamblea debe asumir su responsabilidad constitucional cuando termine el plazo de los 180 días.