El presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Antonio “El Potro” Álvarez, aseguró que el dinero que recibe por concepto de apuestas hípicas y deportivas lo destina a “causas de caridad”, entre ellas el pago de operaciones médicas y tratamientos de salud para personas que recurren a él en busca de ayuda. Las declaraciones las ofreció durante una reunión con representantes de casas de apuestas celebrada recientemente, en la que defendió el esquema actual de recaudación y se refirió a los cuestionamientos sobre el manejo de esos recursos y su beneficio personal. Según su versión, parte del dinero que entra a través de los acuerdos con las plataformas de juego se dirige a atender solicitudes que recibe “todos los días” de ciudadanos que requieren apoyo económico para intervenciones quirúrgicas, exámenes médicos costosos o medicinas.
Álvarez afirmó que, gracias a estos ingresos, ha podido “ayudar a mucha gente” que no tiene cómo costear una operación o un tratamiento, y sostuvo que ese tipo de gestos justifican la estructura que hoy vincula al INH con las casas de apuestas en línea y físicas que operan en el país. No obstante, en sus declaraciones no detalló qué porcentaje de los recursos se destina realmente a estos fines sociales, ni a través de qué mecanismos formales se canalizan las ayudas. Tampoco mencionó la existencia de fondos públicos específicos, programas institucionales auditables o reportes periódicos que permitan verificar el uso de ese dinero, más allá de su palabra y de casos puntuales que asegura haber apoyado.
Durante el encuentro con los representantes del sector de apuestas, el también exbeisbolista defendió el papel del INH como ente rector del hipismo en Venezuela y como instancia que regula la relación con las casas de juego que operan sobre las carreras y otros eventos deportivos. Argumentó que esta actividad genera ingresos que, en teoría, deberían contribuir al mantenimiento de los hipódromos, a la mejora de las condiciones de los trabajadores del sector y a la promoción de competencias deportivas, además de permitirle —según dijo— desarrollar acciones de “responsabilidad social”. Sin embargo, organizaciones y usuarios han señalado que los hipódromos arrastran problemas de infraestructura, retrasos en pagos y que la opacidad en torno a los contratos con las casas de apuestas impide saber con exactitud cuánto se recauda y cómo se reparte.
Las palabras de “El Potro” Álvarez desataron una ola de reacciones en redes sociales, donde abundaron las críticas y el escepticismo frente a la forma en que un funcionario público declara manejar recursos ligados a apuestas como si se trataran de un fondo personal para hacer donaciones. Varios periodistas y activistas cuestionaron que hable de “caridad” con dinero que proviene de la explotación de juegos de azar regulados por el Estado y que, por definición, deberían estar sometidos a normas de transparencia, control presupuestario y rendición de cuentas. Algunos usuarios ironizaron sobre la afirmación de que estos recursos se usan para ayudar a los más necesitados, y pidieron que, si realmente existe una política social asociada a las apuestas, se formalice a través de programas públicos con criterios claros de acceso y supervisión independiente.
El debate se produce en un contexto en el que el propio gobierno venezolano ha impulsado con fuerza el crecimiento de las apuestas deportivas e hípicas como una fuente de dólares y de ingresos fiscales en medio de la prolongada crisis económica. En los últimos años se han multiplicado las casas de apuestas físicas y plataformas digitales, muchas de ellas autorizadas bajo convenios con entes estatales, mientras persisten las dudas sobre la regulación efectiva del sector, la protección de los usuarios y la prevención de adicciones al juego. En ese escenario, el testimonio de Álvarez refuerza la percepción de que parte del circuito del juego se maneja con altos niveles de discrecionalidad, donde funcionarios con poder de decisión administran recursos significativos sin que existan informes públicos detallados sobre su destino.
Diversas voces han insistido en que, más allá de las historias de ayudas individuales que pueda presentar el presidente del INH, el país necesita reglas claras y auditorías independientes sobre todo el dinero que generan las apuestas hípicas y deportivas. Entre las propuestas planteadas por especialistas se encuentran la creación de un fondo social formalmente establecido por ley, la publicación regular de balances financieros del INH y de los convenios con casas de apuestas, así como la supervisión de la Contraloría General y de comisiones parlamentarias que vigilen el cumplimiento de los fines declarados. Sin estos elementos, advierten, cualquier relato de “caridad” queda reducido a un uso personalista de recursos que son, en esencia, parte del circuito económico que debería rendir cuentas a todos los ciudadanos.