El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes las licencias generales 56 y 57, con las que flexibiliza sanciones y autoriza un conjunto de transacciones financieras con el Banco Central de Venezuela (BCV) y otros bancos públicos, permitiéndoles operar de nuevo con mayor holgura en el sistema financiero global. La medida forma parte del ajuste gradual a la política de sanciones, orientado a destrabar flujos de divisas vinculados, sobre todo, a la venta de petróleo venezolano y a operaciones oficiales que hasta ahora enfrentaban múltiples bloqueos de cumplimiento bancario.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las nuevas licencias permiten la prestación de servicios financieros a entidades como el BCV, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, entre otros. Esto incluye operar cuentas institucionales, procesar transferencias de fondos, realizar pagos internacionales y mantener relaciones de corresponsalía en términos acotados por la normativa estadounidense. El objetivo explícito es ofrecer mayor claridad regulatoria a bancos y empresas que, aun queriendo interactuar con Venezuela, evitaban cualquier vínculo por temor a sanciones secundarias.
Las licencias generales 56 y 57 también autorizan la negociación de contratos comerciales y algunos acuerdos contingentes con entes del chavismo, siempre que la ejecución efectiva de esos contratos quede sujeta a aprobaciones posteriores por parte de las autoridades norteamericanas. Es decir, Washington abre la puerta para que compañías extranjeras y venezolanas puedan negociar hoy estructuras de financiamiento, servicios o inversión, pero se reserva la potestad de decidir caso por caso cuándo y cómo podrán ejecutarse.
El alivio no es absoluto. Las normas excluyen expresamente las operaciones con criptomonedas, las transacciones en oro y cualquier acuerdo que involucre a países bajo sanciones como Rusia, Irán o China, manteniendo así un cerco sobre los mecanismos típicamente usados para evadir controles financieros. En la práctica, esto obliga al chavismo a canalizar sus operaciones por vías trazables y bancarizadas, en las que el sistema de cumplimiento estadounidense conserva amplia capacidad de monitoreo.
Junto a las licencias, OFAC publicó la directriz informativa 1248, que detalla los alcances y límites de este nuevo esquema y fija los procedimientos de reporte para las empresas y entidades que se acojan a las autorizaciones. El texto aclara que solo los actores directamente involucrados en las operaciones cubiertas por las licencias 48A y 50A deberán cumplir con obligaciones formales de información y documentación, mientras que los bancos que actúen como intermediarios de pago quedan, en principio, eximidos de reportes adicionales más allá de los regímenes de cumplimiento habituales.
En paralelo, el Tesoro actualizó la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) para oficializar el levantamiento de las sanciones individuales que recaían sobre Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, ex procurador del chavismo. Su salida del listado se interpreta como un gesto complementario dentro del proceso de flexibilización selectiva, enfocado tanto en la estructura institucional financiera como en algunos perfiles específicos del entorno oficial.
Analistas señalan que esta apertura controlada busca reconectar parcialmente a Venezuela con el sistema financiero internacional, facilitando el flujo de ingresos petroleros y otros recursos hacia el país, pero sin renunciar a la capacidad de presión política de Washington. En términos prácticos, el movimiento puede aliviar cuellos de botella en pagos a proveedores y contratistas, mejorar la liquidez externa y reducir los costos de intermediación, aunque su impacto en la vida cotidiana de los venezolanos dependerá de cómo el gobierno maneje esos fondos y si se traduce —o no— en mayor transparencia y gasto social efectivo.