La reciente flexibilización de sanciones de la OFAC no significó un “levantamiento total” del castigo a Venezuela, sino un ajuste técnico que permite que el dinero que ya se genera circule con menos trabas entre empresas, bancos y Estado. En palabras del economista Gonzalo Urdaneta, no se trata de un “torrente nuevo de dólares”, sino de que los existentes puedan moverse más rápido y con menos miedo de los bancos a sanciones secundarias.
En concreto, las nuevas licencias generales (como la 46B, 48A, 49A, 56 y 57) autorizan más operaciones ligadas a petróleo, petroquímica, fertilizantes y servicios asociados, así como transacciones financieras con el Banco Central de Venezuela y otros bancos públicos. Esto facilita que empresas energéticas (Chevron, Repsol, Eni, BP, Reliance y otras) y bancos que ya operaban con Venezuela puedan cobrar, pagar y contratar sin que cada operación se convierta en una odisea de cumplimiento.
Sin embargo, la OFAC mantiene un control férreo: los pagos a personas o entes bloqueados deben canalizarse a cuentas supervisadas por el gobierno de EEUU, muchas operaciones requieren reportes detallados y las licencias son temporales y revocables. Más que levantar el andamiaje sancionatorio, Washington lo reconfigura, pasando de un esquema de “prohibir casi todo” a otro en el que “se permiten cosas específicas bajo sus reglas”.
El impacto macroeconómico se ve principalmente en tres planos:
- Algo más de liquidez externa para el Estado y PDVSA.
- Menos “over-compliance” (bloqueos exagerados) de bancos y proveedores que antes cortaban toda relación por miedo a sanciones.
- Mayor margen para negociar inversiones y contratos contingentes en energía y minería, aunque sujetos siempre al visto bueno de Washington.
No obstante, Urdaneta y otros analistas advierten que, con este esquema, nadie va a invertir miles de millones solo por unas licencias que se renuevan cada cierto tiempo y pueden cambiar con la política estadounidense. Para un salto real en producción petrolera y en crecimiento sostenido, haría falta un horizonte de seguridad jurídica y política mucho más largo que el que ofrecen estas autorizaciones parciales.
Para la gente común, lo que ha cambiado es poco y muy indirecto: puede mejorar algo la disponibilidad de divisas y reducir ciertos costos financieros, pero sin una reforma interna de política económica y sin aumento real de salarios y gasto social, la flexibilización de la OFAC se queda en una operación de flujo y control financiero, no en una solución a la crisis cotidiana.