El juez federal Alvin K. Hellerstein, quien preside el caso penal por narcotráfico contra Nicolás Maduro en Nueva York, emitió una orden que endurece el régimen de protección de pruebas y deja a la defensa del exmandatario con un margen de maniobra todavía más reducido. La decisión adopta, casi calcado, el borrador propuesto por la Fiscalía de Estados Unidos, que alegó “riesgos” para la seguridad de testigos y la integridad de la investigación si el material se manejaba sin límites estrictos.
La orden regula el acceso al paquete de evidencias que la Fiscalía debe entregar a los abogados de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en la fase de “discovery” previa al juicio. A partir de ahora, todo ese material queda formalmente clasificado como confidencial, y su uso se restringe exclusivamente a la preparación de la defensa, sin posibilidad de utilizarlo con otros fines.
Uno de los puntos más duros para el entorno chavista es que el juez prohíbe expresamente que la defensa comparta las pruebas con otros acusados que aún no han sido detenidos, ni siquiera con sus abogados. Entre esos coacusados se encuentran el ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, el exministro Ramón Rodríguez Chacín, Nicolás Maduro Guerra (hijo del exmandatario) y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como líder del Tren de Aragua.
El texto deja claro que el material “no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido, ni con los abogados de dichos demandados”, blindando así la evidencia que el gobierno estadounidense ha reunido durante años alrededor de la presunta trama de narcotráfico y narcoterrorismo atribuida a la cúpula chavista. La Fiscalía también podrá marcar partes de la evidencia bajo clasificaciones más estrictas, de forma que solo se presenten bajo sello ante el tribunal e, incluso, que en algunos casos solo puedan ser vistas por los abogados y su equipo, pero no directamente por Maduro y Flores.
Otra consecuencia relevante es que la confidencialidad no se extingue cuando termine el proceso penal. La orden establece que la regulación sobre el manejo de pruebas seguirá vigente aun después del juicio, y que el juez mantendrá jurisdicción para vigilar su cumplimiento. Esto significa que la defensa no podrá, por ejemplo, usar o divulgar libremente los documentos y testimonios en otros procesos, en la esfera política o mediática, ni convertir el expediente en una herramienta de contraataque público.
Esta nueva limitación se suma a los reveses que ya había sufrido la defensa. En la audiencia del 26 de marzo, Hellerstein rechazó la solicitud de desestimar el caso, pese a que los abogados alegaron que las sanciones estadounidenses bloquean recursos venezolanos con los que Maduro pretendía financiar su equipo legal. El juez dejó claro entonces que “no voy a desestimar el caso”, y pospuso para una decisión posterior el tema del origen de los fondos para pagar a los defensores, lo que mantiene al chavismo atrapado entre el cerco judicial y el régimen de sanciones.
En conjunto, la decisión sobre el manejo de la evidencia consolida la ventaja procesal de la Fiscalía y aísla aún más a Maduro de sus coacusados en el expediente, que permanecen en libertad fuera de Estados Unidos. Mientras el exmandatario sigue recluido en una cárcel de Brooklyn a la espera de nuevos pasos en el proceso, la justicia estadounidense se asegura de que las pruebas clave contra la red de poder chavista no terminen filtradas ni utilizadas para coordinar defensas conjuntas o alertar a quienes todavía están fuera del alcance de los tribunales.