El 4 de marzo de 2026, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) entraron a la casa de Elvis Daniel Urbina, de 17 años, en el barrio 19 de Abril de Petare, disparando sin avisar. La familia recuerda el estruendo: en cuestión de segundos, el interior de la vivienda quedó marcado por 33 impactos de bala, cuyos orificios quedaron visibles en paredes, techo y puertas. Elvis apareció después, en la morgue de Bello Monte, con los dientes arrancados, un disparo en la pierna y otro en el cuello, según contó su madre a El Pitazo. Los policías dijeron que hubo un “enfrentamiento”, pero adentro de la casa no había armas ni casquillos de otro calibre, solo el rastro de un operativo que se parece demasiado a una ejecución extrajudicial.
La mañana del operativo, los uniformados cerraron el acceso a la cuadra y ordenaron a los vecinos no asomarse a las ventanas. Algunos testigos escucharon gritos, golpes y disparos seguidos; otros vieron cómo los funcionarios movían cosas dentro de la vivienda después de sacar el cuerpo de Elvis. Ese patrón —entrar sin orden judicial, disparar dentro de una casa, sacar a una persona viva o herida y entregarla muerta a un centro de salud para luego reportar un “enfrentamiento”— coincide con el modus operandi documentado en decenas de casos atribuidos a unidades élite como las FAES, calificadas como “grupo de exterminio” de la PNB por organizaciones de derechos humanos.
Para la familia Urbina, Elvis no era ningún “delincuente peligroso”. Era un adolescente del barrio, con rutinas y limitaciones como cualquier joven de Petare, que aquella mañana se encontraba en su propia casa cuando irrumpió la comisión policial. La versión oficial lo presentó como un supuesto miembro de una banda criminal, fusilado tras “resistirse a la autoridad”, la etiqueta que durante años ha servido para maquillar miles de muertes en barrios populares. Pero su madre y otros familiares aseguran que a Elvis lo golpearon, lo torturaron y lo remataron, y que los disparos que perforan las paredes son la prueba material de que allí no hubo un tiroteo cruzado, sino tiros dirigidos desde un solo lado.
El caso se suma a una larga lista de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por cuerpos policiales en Venezuela. Informes de organizaciones como Monitor de Víctimas y de la Misión Internacional Independiente de la ONU han documentado patrones casi calcados: allanamientos sin orden, simulación de enfrentamientos, “siembra” de armas, torturas previas, tiros de gracia y alteración de la escena del crimen. En muchos de esos expedientes, la víctima aparece en las minutas policiales bajo un apodo inventado, asociada a bandas de las que no hay evidencia independiente, mientras los testigos son intimidados o puestos en la mira para que no declaren. Elvis ahora entra en esa estadística dolorosa: otro joven de barrio convertido en “enemigo interno” y ejecutado como si la vida en las zonas populares fuera descartable.
Pese a las denuncias, la impunidad sigue siendo la regla. En el caso de Elvis, familiares y organizaciones exigen una investigación independiente que identifique y procese a los funcionarios que participaron en el procedimiento, desde el jefe de la comisión hasta quienes dispararon y manipularon la escena. Sin embargo, experiencias previas muestran que las investigaciones sobre presuntas ejecuciones policiales suelen quedar en archivos muertos, diluidas entre excusas, peritajes incompletos y versiones oficiales que se repiten como dogma. Mientras tanto, los operativos “de limpieza” continúan en los mismos barrios, con la misma lógica de “control” basada en el miedo, el terror y el castigo colectivo.
La historia de Elvis, reconstruida por El Pitazo con testimonios, fotos y registros de los 33 disparos dentro de la casa, no solo habla de un crimen puntual. Habla de un país donde un adolescente puede ser ejecutado dentro de su propia vivienda, desfigurado antes de que su madre lo vea, y luego presentado públicamente como un delincuente más, mientras el sistema que debía protegerlo mira hacia otro lado. Los agujeros de bala en las paredes de la casa Urbina no son solo evidencia de un caso; son la radiografía de una política de seguridad que convirtió a los barrios en zona de guerra y a miles de jóvenes pobres en blancos fáciles de una violencia ejercida desde el propio Estado.