El exmandatario venezolano Nicolás Maduro regresa este jueves 26 de marzo al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y delitos asociados, en medio de una agria disputa sobre los fondos para financiar su defensa legal. De acuerdo con reportes de prensa, la audiencia estará centrada en revisar una moción de sus abogados, quienes aseguran que las sanciones estadounidenses les impiden cobrar honorarios con recursos provenientes del Estado venezolano, a pesar de que, inicialmente, el Departamento del Tesoro habría emitido una licencia para ello.
La defensa sostiene que Maduro no dispone de bienes personales suficientes en Estados Unidos y que su equipo jurídico depende de la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para acceder a fondos oficiales venezolanos. Según su versión, una modificación posterior de esa licencia dejó en el aire los pagos y habría generado una situación que vulnera el derecho constitucional del acusado a elegir y mantener a sus propios abogados. Por eso piden al juez que obligue al gobierno estadounidense a aclarar o flexibilizar el permiso, o, en su defecto, que tome en cuenta esta limitación al momento de fijar los próximos pasos del proceso.
Del lado contrario, la Fiscalía federal ha defendido la legalidad del esquema de sanciones y ha rechazado la idea de que exista una violación de derechos. Los fiscales recuerdan que Maduro está acusado de liderar durante años una estructura de narcotráfico y corrupción que usó al Estado venezolano para actividades criminales, por lo que resultaría contradictorio permitir que el mismo Estado sancionado financie a todo costo su estrategia de defensa en los tribunales estadounidenses. A su juicio, el exmandatario cuenta con representación legal efectiva y el caso puede seguir adelante sin necesidad de conceder privilegios adicionales.
Mientras se libra esta pelea técnica, el expediente principal sigue su curso. Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon “no culpables” en la primera audiencia de enero y enfrentan cargos como conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y uso de armas de guerra en apoyo a esa estructura, lo que podría traducirse en penas de cadena perpetua si el jurado los declara culpables. La audiencia de este jueves no entrará al fondo de esas acusaciones, pero sí ayudará a definir cómo se financiará la defensa, cuánto acceso tendrán los abogados a recursos y qué calendario procesal se podrá cumplir en los próximos meses.
Fuera de la corte, organizaciones de la diáspora venezolana convocaron a manifestaciones en las inmediaciones del tribunal en Manhattan, para acompañar la jornada y recordar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entre tanto, analistas señalan que el proceso contra Maduro se ha convertido en un eje sensible para la transición política venezolana y para la relación entre Washington y el gobierno de Delcy Rodríguez, que intenta proyectar una imagen de estabilidad mientras su máximo líder de la etapa anterior se sienta en el banquillo de los acusados.