La amnistía promovida por Delcy Rodríguez arrancó con el tono de “hito histórico”, pero a menos de dos meses de aprobada ya entró en ralentización, con menos anuncios de liberaciones y más denuncias sobre cómo se aplica y a quién beneficia realmente. El Nacional resume el momento así: el motor que al principio parecía ir a toda velocidad ahora funciona a golpes y a discreción de jueces y fiscales, mientras víctimas y ONG se preguntan qué sigue y hasta dónde llegará la ley.
De la ola inicial al goteo controlado
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el 19 de febrero, se presentó como un gesto para cerrar 27 años de chavismo con miles de casos penales por razones políticas. Los primeros días hubo un flujo visible de excarcelaciones y ruido mediático sobre “miles de beneficiados”, pero con el paso de las semanas el proceso se convirtió en un goteo lento y opaco: menos nombres, menos listas, más puertas cerradas en tribunales.
Al mismo tiempo, las limitaciones estructurales de la norma siguen pesando. Análisis previos recuerdan que la ley no cubre violaciones graves de derechos humanos, deja fuera casos emblemáticos (como rebeliones militares, Operación Gedeón o el atentado con drones de 2018) y funciona más como válvula de escape política que como reconocimiento pleno de la responsabilidad del Estado en la represión.
Cuando la discrecionalidad sustituye a la justicia
El Nacional advierte que el mayor problema ahora no es solo a quién incluye la amnistía, sino cómo se está aplicando. La práctica en tribunales muestra un patrón de discrecionalidad: hay jueces que conceden el beneficio casi automático en algunos expedientes, mientras otros lo niegan sin motivación clara en casos muy similares, lo que en la calle se traduce en la sensación de que la ley se usa como premio o castigo según el perfil del preso.
La propia pieza de opinión del diario lo resume con una frase dura: en la Venezuela de 2026, la amnistía corre el riesgo de convertirse en el terreno donde “la discrecionalidad sustituye a la justicia”, porque no hay criterios públicos ni control efectivo sobre las decisiones de fondo.
Foro Penal: jueces que niegan amnistías… y hasta las copias
En paralelo, Foro Penal ha encendido varias alarmas. El 13 de marzo la ONG denunció que tribunales venezolanos comenzaron a negar la aplicación de la ley a personas que, a su juicio, cumplen claramente los requisitos definidos por la Asamblea. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, habló de “decisiones judiciales que rechazan solicitudes de amnistía” a beneficiarios evidentes, y acusó a esos jueces de desconocer la ley y la orden expresa del Parlamento.
Días después, la organización reportó algo todavía más grave: algunos tribunales se niegan a entregar a familiares y abogados las copias escritas de las decisiones que niegan la amnistía, lo que impide apelar. Himiob lo calificó como una medida deliberada para cerrar vías de recurso y blindar el criterio discrecional de los jueces. A su vez, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, recordó que jueces y fiscales no pueden cubrir su complicidad alegando órdenes superiores cuando niegan beneficios o violan derechos como el de la defensa.
¿Qué viene ahora?
El artículo de El Nacional plantea que el país entra en una fase donde la amnistía tendrá que probar si es herramienta de transición o simple cosmética. Tres puntos aparecen como inevitables:
- Transparencia: sin un registro oficial de beneficiados y excluidos, con motivos claros, la ley seguirá operando en la opacidad que permite el juego discrecional de juzgados y fiscalías.
- Control y límites: la Asamblea y el TSJ deberían fijar públicamente estándares de aplicación, para que ningún juez convierta la amnistía en favor personal o instrumento político.
- Justicia de fondo: sin verdad, reconocimiento de la represión y garantías de no repetición, la amnistía se queda en cambio de estatus procesal, pero no en reconciliación real.
Mientras eso no ocurra, concluye el análisis, la ley será recordada menos como la puerta grande de una convivencia democrática y más como el ejemplo perfecto de un sistema donde también el perdón se administra desde el poder.