A las puertas de la firma de nuevos acuerdos entre PDVSA y Chevron en Miraflores, Delcy Rodríguez volvió a jugar a la doble narrativa: de un lado, encabezó con entusiasmo la foto oficial con la transnacional estadounidense para ampliar su participación en empresas mixtas y campos clave como Ayacucho 8 en la Faja del Orinoco; del otro, repitió ante las cámaras que quienes sueñan con “privatizar PDVSA y entregarla a poderes transnacionales” “se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos”. Bajo la sombrilla de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en enero de 2026, la estatal petrolera sigue formalmente en manos del Estado, pero la norma permite mayor inversión extranjera, arbitraje internacional y hasta 49% de participación privada en empresas mixtas, lo que en la práctica abre espacio a un proceso de privatización de facto, sector por sector, mientras el discurso oficial jura que nada se está “vendiendo”.
En paralelo, Rodríguez instaló una Comisión Presidencial para clasificar los activos del Estado y decidir cuáles son “estratégicos” y cuáles no, dejando expresamente fuera de ese esquema al sector hidrocarburos, que seguirá rigiéndose por la ley especial que facilita acuerdos como el recién firmado con Chevron. Así, mientras el relato revolucionario se aferra a la defensa simbólica de PDVSA como “roja, rojita”, en los hechos la sucesora de Maduro avanza en un modelo donde capitales privados —nacionales y foráneos— ganan terreno en áreas neurálgicas de la industria, con más campo para la corporatización y los negocios discretos, y menos control ciudadano sobre la empresa que alguna vez fue presentada como el corazón soberano de la República.